Empresa

Ecología del Sudeste nace como un proyecto unipersonal de Daniel Tossen, en el año 1995, desde la ciudad cordobesa de Bell Ville.

Los primeros cinco años de la gestión estuvieron dedicados a “abrir puertas”, gestionando los permisos y habilitaciones necesarias para circular en el territorio provincial, buscando cumplir los más altos estándares de seguridad y eficiencia logística.

A partir del año 2000 se acuerda el tratamiento de los residuos en la planta de Potrero del Estado, de la ciudad de Córdoba. Entonces Ecología del Sudeste empieza a brindar sus servicios a las municipalidades de Ordóñez y Justiniano Posse.

Luego se sumarán los municipios de Marcos Juárez y Bell Ville, siendo este ultimo el referente que motorizó al resto de la región completando las primeras 16 localidades, prestando servicios a generadores públicos y privados. Desde entonces se hace operativo el traslado a dos centros de tratamiento, uno en la localidad de Bower, donde la empresa Cliba trabaja con tecnología suiza para el tratamiento de los residuos y Capilla de Los Remedios en donde REPAT UTE opera su planta.

En el año 2002 la lista de clientes se amplía, y ya en 2004 la provincia de Córdoba adhiere a la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, y recae en la Agencia Córdoba Ambiente el control sobre el traslado y tratamiento de los mismos.

Desde entonces, más de 1000 generadores privados y públicos reciben los servicios de Ecología del Sudeste en Córdoba Capital e interior de la provincia, quedando bajo la normativa provincial.

Actualmente, la cobertura de la empresa llega a 64 municipios (ver Área de cobertura) y además el equipo profesional de Ecología del Sudeste se dedica a brindar asesoramiento técnico y legal a clientes, interesados, y organismos públicos que intervienen en el proceso de habilitación y gestión de residuos patógenos.

Con la conducción de Daniel Tossen y el asesoramiento técnico del ingeniero Claudio Terreno, la experiencia y liderazgo de Ecología del Sudeste, se transmiten a una nueva generación de generadores públicos y privados, que desean realizar su actividad en el marco de la seguridad y de acuerdo a la legislación vigente.